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La Comisión Europea anuncia que permitirá a empresas y consumidores tomar decisiones más precisas, con arreglo a sus intereses, a la hora de fabricar o de comprar determinados productos, sabiendo los tiempos con los que cuentan para cumplir con las nuevas leyes que se instauren.
Europa ha dejado definitivamente clara su apuesta firme por la protección medioambiental con la presentación de una serie de reformas y normativas destinadas a la reducción drástica de la contaminación en muchos sectores y con fechas determinadas. El anuncio realizado recientemente por la Comisión Europea permitirá a empresas y consumidores tomar decisiones más precisas, con arreglo a sus intereses, a la hora de fabricar o de comprar determinados productos, sabiendo los tiempos con los que cuentan para cumplir con las nuevas leyes que se instauren.
Sin duda, uno de los sectores a los que más afecta es al del transporte, cuyo mercado -al margen de los efectos derivados de la pandemia- lleva mucho tiempo ralentizado ante las dudas que ocasionaban los periodos de validez que iban a tener los vehículos de combustión.
Hace unos días, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, despejó esas dudas para fabricantes y consumidores, al establecer el año 2035 como fecha tope para vender vehículos de combustión. No obstante, también establece que la industria del automóvil tendrá que haber reducido en 2030 hasta un 55% las emisiones de dióxido de carbono.
Esta decisión provocará en los fabricantes el impulso de numerosos proyectos encaminados al desarrollo de vehículos eléctricos o de hidrógeno con una mayor autonomía y más asequibles económicamente para el consumidor. A su vez, los consumidores podrán decidir con mayor claridad en sus compras a la hora de optar por alguna de las diferentes alternativas.
Evidentemente, si el futuro pasa en Europa por este tipo de vehículos, hay que crear una red de recarga adecuada. En ese sentido, la regulación comunitaria prevé establecer puntos de carga en autopistas cada 60 kilómetros para los coches eléctricos y cada 150 kilómetros para los de hidrógeno.
La construcción de estas infraestructuras va a requerir de importantes inversiones, y la Unión Europea sugiere a sus países miembros que una parte de esos gastos los cubran con los fondos de recuperación recientemente aprobados.
España recibirá en los próximos días los primeros 9.000 millones de euros de subvenciones de la UE, y antes de que termine el año espera llegar a los 19.000 millones, de un total de casi 70.000 millones. De esas cifras, la Administración Central prevé destinar al Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) del coche eléctrico y conectado unos 4.300 millones de los fondos europeos. Además, se estima que esa cifra aumente en otros 19.000 millones proveniente de la inversión privada.
En definitiva, el fin perseguido es disponer de unos 100.000 puntos de recarga y más de 250.000 vehículos eléctricos para el año 2023. No olvidemos que el sector del automóvil es uno de los pilares de la industria española, ya que ha llegado a suponer el 12% del Producto Interior Bruto (PIB).
De momento, la recuperación del sector continúa en el ámbito de los turismos y todoterrenos, ya que en junio se vendieron casi 97.000 unidades, lo que supone un 17% más que un año antes, aunque todavía está un 25% por debajo de igual mes de 2019. Es posible que, al despejarse muchas dudas con el anuncio de la Comisión Europea, el mercado del automóvil se reactive con más celeridad en los próximos meses.
De cualquier forma, una vez conocidas las futuras normativas europeas, Sofinco seguirá apoyando a los consumidores con los préstamos personales que necesiten hasta un periodo de diez años para la compra de sus vehículos nuevos o usados, con tarifas competitivas y con facilidades tecnológicas para la contratación de nuestros servicios.
