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Desde hace varios años España se ha ido colocando en los puestos más altos en la fabricación de automóviles. Según los datos del Ministerio de Economía y Competitividad, España es el segundo mayor fabricante a nivel Europeo y el octavo a nivel mundial. Así en 2022, la automoción representó el 8% del PIB y en torno al 11,5% de las exportaciones, generando más de dos millones de empleos en todo el país de manera directa o indirecta.
A partir del 1 de julio de 2025 estos datos pueden correr peligro cuando entre en vigor (si entra) la normativa Euro 7. Esta normativa forma parte del Pacto Verde Europeo presentado por la comisión europea en 2019 con el objetivo de medir con más rigidez las emisiones contaminantes que pueden generar los vehículos nuevos y, así, incentivar a los fabricantes a elaborar coches y motores menos contaminantes.
La idea es encauzar y liderar el camino para el año 2035 cuando se ponga fin a la producción y venta de coches de motores de combustión, de hecho ya para 2030 la reducción de CO2 de estos vehículos se tiene que haber reducido en un 55%.
Para empezar, la normativa Euro 7 solo va a afectar a la venta de vehículos nuevos (ya sean coches o grandes vehículos) para poder controlar el límite de emisiones contaminantes que estos pueden generar. Si queremos entender mejor la normativa, es imprescindible dividir estos vehículos según el tipo de combustible que utilizan.
Parece que son los motores diésel los que más se van a ver afectados con la nueva normativa, la idea es reducir en un 50% las emisiones de dióxido de nitrógeno (N0x), mientras que los motores de gasolina solo tendrán que reducir un 40% de sus emisiones N0x. Una de las novedades de esta normativa es que se van a incluir también las emisiones de partículas derivadas de los frenos y los neumáticos. Así, lo que se está estudiando es cómo limitar la cantidad de gases de metano (CH4), el óxido de nitrógeno (N2o) y el amoníaco (NH3), gases que antes no se tenían en cuenta. De esta manera, la normativa desafía al mundo del motor abordando nuevos desafíos tecnológicos.
Pero, lo que más preocupa realmente no es el límite en las emisiones contaminantes, sino que los coches deberán cumplir esta normal a lo largo de su vida útil y no solo en la fase de homologación, e incluye los trayectos cortos, inferiores a 10 km, con el motor frío cuando el coche contamina más. En la actualidad las cifras van hasta que los coches cumplen los cinco años de antigüedad o los 100.000 kilómetros; con la nueva normativa Euro 7 esta cifra se va a duplicar hasta los 200.000 kilómetros o los 10 años. Así, se espera que las emisiones NOx se reduzcan en un 56% y las emisiones de las partículas se reduzcan un 39% para el año 2035.
El principal problema de esta normativa es que España, pese a liderar la fabricación de automóviles, cuenta con los automóviles más envejecidos de la zona Euro, la media de los coches supera los 13 años de antigüedad. Además, la eliminación completa de estos tipos de vehículos supone la implementación y desarrollo de otras medidas complementarias, como una red de carga viable para los vehículos eléctricos.
Hay ocho estados miembros de la UE (Italia, Francia, Bulgaria, Hungría, Polonia, República Checa, Rumanía y Eslovaquia) que se han opuesto a la normativa, los suficientes para poner en duda su futuro a tan solo dos años de que empiece a ponerse en marcha.
No sabemos las consecuencias de esta normativa, lo único que podemos hacer es estimar sus consecuencias y, sobre todo, adaptarnos al futuro que será cada vez más sostenible.
